- Baja California es una región que ha defendido el territorio – y particularmente el agua – y resistido históricamente ante el escenario de incertidumbre social y ambiental. Ha conformado una base social sólida que permitirá cuestionar si los proyectos son pertinentes y oportunos para la sociedad bajacaliforniana.
- El tema del agua y sus problemáticas en México ha cobrado mayor relevancia y urgencia en los últimos cinco años. / Nuevas formas de negociar por el agua: megaproyectos en Baja California
María Fernanda Gallardo Tapia*
Actualmente enfrentamos una severa sequía en todo el territorio nacional, que derivó en escenarios comunes a lo largo de las diversas geografías de nuestro país tales como incendios no controlados, presas con niveles muy por debajo de su capacidad, ríos y cuerpos de agua secos y altas temperaturas con poco precedente en la historia de nuestras localidades.
Al corte del 15 de marzo de 2024, durante la temporada de estiaje, el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua reportó un 58.17% del territorio nacional con algún tipo de sequía, de acuerdo con las características de este instrumento, que abarcan sequía moderada, severa, extrema y excepcional. (1)
Los conflictos por el agua, lejanos en el imaginario colectivo, pero más vivos y álgidos que nunca en las realidades locales, se han hecho presentes con mayor fuerza durante la última década en el país. Y no es que estos sean exclusivamente por el agua, sino que, la mayoría de los conflictos ambientales abarcan por lo menos, un componente relacionado al uso, manejo o gestión del agua.
La mayoría de ellos, se han derivado a partir de la instalación de megaproyectos hidroeléctricos o de grandes trasvases y transferencias de agua de una cuenca a otra, o por alguna problemática relacionada al acceso al servicio de agua potable; el factor del crimen organizado, además, representa un común denominador presente en las diversas luchas por el agua, augurando uno de los escenarios más violentos y agresivos en nuestro país.
Si bien estos conflictos se derivan de megaproyectos e iniciativas que se enclavan en el modelo neoextractivista de la naturaleza que prevalece actualmente dentro de nuestro sistema económico – en el que se privilegia la inversión extranjera de proyectos orientados a la extracción de hidrocarburos, minerales y agua, y a la construcción de complejos carreteros y portuarios para la manufactura de recursos naturales en crudo y su posterior exportación– y a pesar de la irrupción que dichos proyectos generan en el territorio y en los modos de vida de los pobladores locales en donde se establecen, es curioso encontrarnos con las nuevas formas de apropiación de la naturaleza, moldeadas por el propio sistema y alineadas a una línea discursiva tendiente a la “búsqueda del bienestar común” en nombre de la sustentabilidad y del malamente llamado “progreso”. (2)
Un ejemplo de este argumento se puede analizar a través del caso del conflicto derivado del megaproyecto cervecero “Constellation Brands” (CB) en Mexicali, Baja California, una región con una fuerte competencia por el agua dentro de la cuenca binacional del río Colorado, a la que pertenece, en la que el recurso es aprovechado y compartido por diversos usuarios de distintos sectores productivos de Estados Unidos y México, lo cual rivaliza la lucha por el acceso al mismo; de igual manera, en esta zona se encuentra ubicado el acuífero Valle de Mexicali, cuyo estatus de sobreexplotación y déficit, imposibilita el aumento en la extracción de volúmenes de agua.
El megaproyecto de CB, de capital estadounidense, buscó a inicios de 2015 construir y operar una planta cervecera en Mexicali y cuya operación estaría basada en utilizar volúmenes de agua proveniente del campo y la zona rural del municipio, es decir, agua originalmente destinada para la agricultura; es decir, agua originalmente destinada para uso público-urbano y finalmente, volúmenes de agua subterránea obtenidos de pozos profundos de la zona del Valle de Mexicali para la producción de cerveza cuyo destino final sería la exportación hacia el mercado estadounidense. (3)
Al principio, el proyecto avanzó de manera silenciosa y con poca o nula socialización en la región, además de progresar de forma lineal y sin escalas, debido principalmente por la alianza formada por la empresa y los gobiernos locales y estatales en Baja California, quienes autorizaron en materia jurídica y ambiental la iniciativa y otorgaron luz verde a que la planta cervecera se ejecutara, a pesar de que la propia empresa presentara en su Manifestación de Impacto Ambiental, precisiones técnicas e información de escenarios futuros sobre las implicaciones socioambientales que tendría el proyecto de la planta cervecera Constellation Brands en la región, incluyendo repercusiones profundas en el acuífero.
La conjunción de estos elementos detonó un conflicto por el agua entre una serie de actores del sector gubernamental y empresarial, por un lado, y el sector de la sociedad civil organizada, quienes emprendieron una lucha legal y política en defensa del territorio y del agua, promoviendo diversos mecanismos de participación social para la resolución del conflicto. (3)
Si bien el proyecto terminó por ser cancelado por el Gobierno Federal durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador – en 2020 después de una consulta pública atropellada y con imprecisiones en su ejecución – y la empresa fue desmantelada, por lo menos en el discurso oficialista, es pertinente revisar los aprendizajes que dejó este conflicto, no sólo en la región sino en el país, en un escenario como el actual, en el que nos enfrentamos a una barbarie ambiental sin precedentes, ante la cual, la defensa por el territorio y por la vida resulta no sólo necesario, sino urgente.
En primera instancia, los procesos y mecanismos de socialización del proyecto fueron incipientes y poco efectivos, ya que la información que se brindó fue difusa y con diversos grados de opacidad, tanto en la ciudad como en el campo; el manejo de la información en cada proyecto que tenga una intervención dentro de un territorio debe ser amplia, directa, honesta y real, particularmente con los pobladores locales en donde se establecen los megaproyectos, informando de las distintas posibilidades, beneficios e implicaciones que estos tienen sobre sus localidades y territorios, no sólo porque ellos son los dueños de estos, sino porque los impactos acumulados y en el largo plazo los enfrentarán ellos, no las empresas, mexicanas o extranjeras, que se instalan temporalmente en dichos sitios.
Generalmente, no sucede de tal manera porque las afectaciones tanto sociales como ambientales de estos megaproyectos son mayores – y muchas veces poco reversibles – que los beneficios directos y tangibles que se obtienen de ellos y las estrategias más utilizadas están dirigidas a manejar la información técnica y científica de estas iniciativas a conveniencia de los promoventes de estas.
De igual manera, la priorización que tienen estos megaproyectos en los territorios donde se impulsan y desarrollan, está dada fundamentalmente por criterios relacionados al “desarrollo económico” que estos proyectos pudiesen – o no – detonar en estos lugares, y a los beneficios monetarios que las empresas tendrán en el futuro, sin o con poca contextualización a las economías locales y sus necesidades más apremiantes, es decir, sin tomar en consideración lo que las poblaciones en cuestión opinen o demanden, más aún, cuando se enclavan en regiones con alta vulnerabilidad a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes como sequías o inundaciones o escenarios donde la presión por los recursos es fuerte.
Considerando lo anterior, a mediados de 2023 en Baja California, dos grandes megaproyectos comenzaron a fraguarse previo al calor de los tiempos electorales próximos en ese momento: el proyecto “Green View”, de capital estadounidense, que plantea construir un ducto subterráneo de 1.5 metros bajo tierra para el transporte de algún portador de hidrógeno, con altas posibilidades de que sea amoniaco, en una trayectoria de aproximadamente 270 km, desde Arizona, atravesando Mexicali y su Valle, para cruzar la montaña del Valle de la Trinidad y llegar hasta Punta Colonet, en Ensenada, en donde se construirá una estación de transformación y manufactura del portador de hidrógeno para ser exportado al continente asiático.
El segundo proyecto, de capital mixto – tanto estatal como privado – pero dirigido por la empresa mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA), se conecta con esto último, ya que, en Punta Colonet se está reactivando el histórico y legendario Puerto que desfogaría la carga de zonas portuarias como Long Beach y Los Ángeles, cuyos intentos de construcción y ejecución en sexenios pasados habían fracasado y hoy se reavivan para hacerlo realidad. Ambos megaproyectos se vinculan entre sí como dos de los mayores ejemplos del “nearshoring” en México. (4)
Con miras al entendimiento de las dinámicas ocurridas en Baja California en años recientes con el proyecto de CB y la población local, ambas iniciativas han manifestado no buscar caer en las mismas prácticas que en su momento, Constellation Brands llevó a cabo. Sin embargo, ambos han iniciado su proceso de socialización de manera parcial con los involucrados, tanto agricultores, empresarios y dos grandes comunidades indígenas, el cual ha ido de la mano de información poco certera e incompleta, particularmente acerca de la información técnica de ambos proyectos y sus implicaciones, tanto ambientales como sociales a lo largo de toda la región que pretenden abarcar e impactar.
En el caso del proyecto del Puerto Punta Colonet, ya se ha publicado una declaratoria para la expropiación de un millón de metros cuadrados para comenzar trabajos en el sitio, además de que desde finales de mayo de este año se dio apertura a la Consulta Pública del proyecto a través de Semarnat y la publicación de la Manifestación de Impacto Ambiental del mismo.
Por su parte, el proyecto del ducto subterráneo se encuentra en una fase de socialización con las poblaciones locales del desierto, de la montaña y de la costa, que ha enfrentado una amplia resistencia por parte de agricultores, comisariados ejidales, y pobladores del campo, cuestionando en su mayoría, los beneficios que este tipo de infraestructura podrían proporcionar y/o implicar a sus dinámicas cotidianas, y además, los cambios que ambas iniciativas tendrían en estas mismas, en sus formas de llevar a cabo la agricultura, en las afectaciones a canales y pozos de riego, en las formas en las que las empresas compensarán los daños y/o pérdidas, y un largo etcétera que no ha sido abordado de manera transparente y extendida por ninguno de los dos proyectos.
Tengamos los ojos puestos en cómo se desarrollan ambas iniciativas en una región que se ha caracterizado por la promoción de megaproyectos bajo criterios de priorización social y ambiental cuestionables – que rara vez atienden a las necesidades colectivas y al panorama de cambio global y climático que nos envuelve – y que, conjuntamente, avanzan mediante procesos opacos y poco transparentes para la sociedad que los observa, de la mano de diversas alianzas gubernamentales con los promoventes, las cuales han alentado y permitido además a los negociadores en temas del agua, hidrocarburos y demás recursos naturales, a seguir llevando a cabo este tipo de prácticas dado que el medio está configurado para ello; no obstante, también es una región que ha defendido el territorio – y particularmente el agua – y resistido históricamente ante el escenario actual de incertidumbre social y ambiental y conformado una base social sólida que permitirá cuestionar si los proyectos que anteriormente se abordaron en este escrito son pertinentes y oportunos para la sociedad bajacaliforniana.
